Tras la negociación llevada a cabo entre el Gobierno, la Patronal y los Sindicatos, se ha aprobado el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, publicado el día 30 de diciembre de 2021.

El indicado RDL, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, incluye relevantes novedades en algunas materias, tales como los tipos de contratación, la subcontratación de obras y servicios, los ERTE y la prioridad y vigencia de los convenios colectivos. Las principales novedades son las siguientes:

1.- Contratos formativos

Se modifican los contratos formativos actuales por dos tipos de contratos formativos: el “contrato de formación en alternancia” y el “contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios”.

a) El contrato de formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios, o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, y se podrá celebrar con aquellas personas que, por estar en el proceso de formación, carezcan de la cualificación profesional requerida para concertar el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

b) El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, que entrará en vigor el 31 de marzo de 2022, y que es el antiguo contrato en prácticas, podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral, dentro de los tres años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, o cinco años en caso de ser el trabajador discapacitado.

2.- Contratos temporales

En lo relativo a los contratos temporales, desaparece el contrato por obra o servicio determinado. Así pues, únicamente se incluyen dos modalidades de contrato temporal: el contrato temporal por circunstancias de la producción y por sustitución de persona trabajadora, que entrarán en vigor el 31 de marzo de 2021.

a) El contrato temporal por circunstancias de la producción se podrá adoptar en tres situaciones: (i) ante un incremento ocasional e imprevisible de la producción; (ii) ante las oscilaciones de producción que, tratándose de la actividad normal de la Empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere; y (iii) para atender a situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. La duración del contrato en los dos primeros casos no podrá ser superior a seis meses (ampliable hasta un año por convenio colectivo), mientras que en el tercer supuesto su duración no puede ser superior a 90 días en todo el año.

Asimismo, se establece una norma antifraude por la que, aquellos contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional, a cargo del empresario, a la finalización del mismo.

b) Por lo que respecta al contrato por sustitución (antiguo contrato de interinidad) se prevé la utilización de este tipo de contrato para sustituir a trabajadores con contrato suspendido con reserva del puesto de trabajo, así como para completar la jornada reducida de otro trabajador o para la cobertura de un puesto de trabajo durante el proceso de selección (en este último caso, con una duración máxima de tres meses).

 3.- Contratos fijos-discontinuos

La reforma delimita nuevamente el uso del contrato fijo-discontinuo, previendo que se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

Asimismo, la reforma prevé la utilización de este tipo de contrato para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

Igualmente, la norma prevé la posibilidad de que las Empresas de Trabajo Temporal utilicen este tipo de contrato para ceder al trabajador a una Empresa usuaria.

4.- Subcontratación de obras y servicios

En materia de subcontratación de obras y servicios, se introduce una novedad en cuanto al convenio colectivo aplicable a los trabajadores objeto de la contrata, según la cual a estos trabajadores les será de aplicación el convenio colectivo del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. No obstante, cuando la Empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio colectivo propio, se les aplicará este último.

5.- Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

Se modifican los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción (ETOP), variando algunos trámites del procedimiento y permitiendo expresamente la prórroga de estos ERTE. En cuanto a los ERTE por Fuerza Mayor, se incluye expresamente como causa motivadora de los mismos “los impedimentos o las limitaciones de la actividad consecuencia de las decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública”.

Asimismo, se prevé expresamente la posibilidad de solicitar exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social (20% en caso de ERTE ETOP y 90% en caso de ERTE de FM), vinculado a un compromiso de mantenimiento en el empleo por un plazo de seis meses desde la finalización del ERTE.

6.- Creación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo

Se crea el “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”. Es una modalidad de ERTE que debe ser activado por el Consejo de Ministros y que permite que las empresas adopten medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo en dos modalidades: (i) la cíclica, esto es, cuando haya una coyuntura macroeconómica general negativa que aconseje adoptar este mecanismo; y (ii) la sectorial, esto es, cuando en un sector de actividad se aprecien cambios que generen necesidades de recualificación y procesos de transición profesional de los trabajadores.

En este caso, las empresas se pueden beneficiar de exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social (que oscilan entre un 20% y un 60% en la modalidad cíclica, y un 40% en la modalidad sectorial), vinculado igualmente a un compromiso de mantenimiento en el empleo por un plazo de seis meses desde la finalización del ERTE.

7.- Prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de Empresa.

Se modifica el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de Empresa respecto a determinadas materias. En este sentido, la reforma elimina la prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de Empresa en lo respectivo a la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, si bien mantiene la prioridad aplicativa respecto a las otras materias reguladas en la normativa vigente.

8.- Ultraactividad de los Convenios Colectivos.

Se modifica el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la ultraactividad de los convenios; esto es, a su vigencia tras la denuncia del mismo. En este sentido, la reforma establece que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo, sin perjuicio de la obligación de someterse a los procedimientos de mediación o arbitraje establecidos.

rebus sic stantibus

El Juzgado de Primera Instancia núm. 81 de Madrid ha dictado, con fecha 25 de septiembre de 2020, un Auto acordando la adopción de medidas cautelares aplicando la cláusula rebus sic stantibus.

La doctrina de la cláusula rebus sic stantibus es una construcción teórica razonable desde un punto de vista de equidad pero ausente de una regulación normativa. Es, sobre todo, de carácter excepcional y extraordinario en su aplicación.

Y es que rebus sic stantibus es una expresión latina que puede traducirse como “estando así las cosas” y referencia a un principio del Derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, es decir, cualquier alteración sustancial de estas circunstancias puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.

Ello colisiona frontalmente con el principio de seguridad contractual, más conocido como pacta sunt servanda o “los pactos [contratos] están para cumplirse”, de ahí la excepcionalidad de la cláusula objeto de estudio.

En consecuencia, solo situaciones atípicas y extraordinarias motivadas por “circunstancias totalmente imprevisibles” y que produzcan una “desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes” hacen decaer la seguridad contractual en aras de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, de acuerdo con el Tribunal Supremo.

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1 – Calificación de las bajas médicas relacionadas con el COVID-19.

La Seguridad Social, con carácter general, distingue dos tipos de contingencias: las comunes y las profesionales.

  • Se consideran contingencias profesionales aquellos sucesos que tienen su origen en el desarrollo de una actividad laboral y que producen alteraciones de la salud que tengan la consideración de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.
  • Y por defecto, se consideran contingencias comunes aquellas alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales.

A su vez, las contingencias profesionales se clasifican en:

  • Accidente de Trabajo, entendido como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena o propia” (art. 156 LGSS).
  • Enfermedad Profesional, definida en el art. 116 de la LGSS como “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadroque se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. 

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  1. Antecedentes.––

El pasado 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España, reunido en Consejo de Ministros extraordinario, aprobó declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en España, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Su Disposición Adicional Segunda estableció “la suspensión e interrupción de los plazos procesales”, añadiendo que su cómputo “se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto o sus prórrogas”.

La Disposición Adicional Tercera lo fue relativa a la “suspensión de plazos administrativos” y su Disposición Adicional Cuarta suspendía los plazos sustantivos (esto es, los plazos correspondientes de las acciones y derechos a los que pudiera afectar la prescripción y la caducidad).

Hasta aquí parecía claro que los plazos se reanudarían cuando se alzase el estado de alarma, pero no se reiniciarían.

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Con fecha 28 de Abril de 2.020 llega la primera reforma procesal tomada para hacer frente al reto planteado por el COVID-19 a la Administración de Justicia. Para ello se dividen las medias en tres capítulos, el primero dedicado a las medidas de carácter procesal, el segundo dedicado a las medidas en el ámbito concursal y societario y el tercero a las medidas de carácter organizativo y tecnológico. Pasamos a realizar un resumen de las más significativas.

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– Decreto-16-20-medidas-procesales.PDF

Medidas en materia de arrendamientos

Los autónomos y pymes que sean arrendatarios de inmuebles destinados a un uso distinto del de vivienda o a industria, que cumplan los requisitos que se indican a continuación, podrán solicitar del arrendador, cuando éste sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, moratoria que deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que las partes ya hubieran alcanzado un acuerdo en relación con el aplazamiento del pago de la renta o una reducción de su importe, en cuyo caso habrá de estarse a lo regulado en este acuerdo previo (art. 1).
En cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de esta moratoria, son los siguientes (art. 3):

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– NOTA_SOBRE EL_REAL_DECRETO-LEY_(arrendamientos).pdf

Coronavirus-plazos-procedimientos

Medidas en materia de plazos y procedimiento tributarios

No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación COVID-19.

Se considerarán en periodo voluntario de ingreso y por tanto no se exigirán recargos por el retraso en el pago de las deudas tributarias correspondientes a autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

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– NOTA_MEDIDAS_TRIBUTARIAS_COVID.pdf

Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva

Aquellos contratos vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19, quedarán suspendidos, total o parcialmente, desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.

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Nota Medidas en Materia de Contratación Pública.pdf

Anteayer, al filo de la media noche del domingo 29 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado – con entrada en vigor en el mismo día – el Real Decreto-Ley 10/2020 y horas después, ayer, se publica la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del citado Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

Ese Real Decreto-Ley 10/2020 contiene y especifica las medidas que el Gobierno ya había anunciado en relación con la suspensión de toda la actividad económica no esencial. Así, los trabajadores cuyos puestos de trabajo no se consideren de primera necesidad no tendrán que acudir a trabajar entre el lunes 30 de marzo y el 9 de abril de 2020. Por la sorprende aplicación de la moratoria que a última hora (recordemos, al filo de la medianoche del domingo 29 de marzo) se introdujo en el texto del Real Decreto publicado por el BOE, la efectiva vigencia y aplicación del mismo comienza hoy.

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– NEWSLETTER GTA RD.LEY 10-2020

 

GIMÉNEZ TORRES ABOGADOS pone a disposición de sus clientes unas Notas, desde distintas perspectivas, en cuanto al alcance y repercusión del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Confiamos en que os encontréis bien en estos difíciles momentos, nosotros seguimos trabajando y a disposición de nuestros clientes.

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