Madrid, 6 de agosto de 2025.

Giménez Torres Abogados ha asesorado a MRE III Proyecto Nueve, sociedad participada por el Grupo Royal Metropolitan, en la venta del emblemático edificio ”KOI” de Madrid a Value Plus Properties, compañía inmobiliaria perteneciente a Mutualidad. Ha intervenido el equipo de Derecho Inmobiliario de Giménez Torres Abogados, con la participación de Enrique Gutiérrez de Terán y Oscar Parra, y el apoyo de los equipos de Mercantil – Societario y Fiscal.

El Edificio “KOI”, situado en la calle Juan Hurtado de Mendoza número 4 de Madrid, y ocupado en su totalidad por SEK, albergando el Campus de la Universidad Camilo José Cela, dispone de una superficie construida sobre rasante de 8.093 m², distribuidos en varias plantas, y ofrece 54 plazas de aparcamiento y 22 para bicicletas. Destaca por contar con las certificaciones LEED Platinum y WELL Core Platinum, reflejo de su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de los usuarios, y ha sido objeto de una reciente reforma integral.

La entidad vendedora es una sociedad vehículo inversor, constituida en España, participada de forma indirecta por el grupo español Royal Metropolitan y la plataforma europea de inversión de Taconic en su carácter de gestor global de inversiones. Esta plataforma, con sede y oficinas en Luxemburgo, es desde donde Taconic coordina, opera y desarrolla sus actividades de inversión en diversos sectores a nivel paneuropeo. Por su parte el Grupo Royal Metropolitan desarrolla sus actividades de inversión, co-inversion y gestión de activos terciarios en el sector inmobiliario español desde hace más de 45 años

Giménez Torres Abogados, fundado en 1968, cuenta con un especializado equipo de más de veinte profesionales, y presta servicios multidisciplinares desde sus sedes de Madrid, Marbella, Alicante y Barcelona (despacho asociado) disponiendo, igualmente, de una amplia red de colaboradores en los principales centros económicos y financieros de España. Aunque una parte importante de la clientela es española, desde sus inicios ha tenido una marcada vocación internacional, habiendo fundado la que hoy es una de las mayores redes legales del mundo, Multilaw, lo que le permite prestar un servicio global, tanto nacional como internacional.

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Referencias:
ElEconomista.es
Expansion.com
Elconfidencial.com
Ejeprime.com

 

@ Giménez Torres Abogados was delighted to take part in the recent Multilaw Conference in Bucharest! 🇷🇴

Our partners @Ignacio Guillén González and @Luis Giménez Godosar represented the firm and enjoyed a program featuring thought-provoking sessions and a well-planned social agenda.

It was great to reconnect with old friends and to meet new colleagues from across the network.

A big thank you and congratulations to the hosting law firm @Țuca Zbârcea & Asociații and to @Multilaw Global Office for their impeccable organization!

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¡@Giménez Torres Abogados estuvo encantado de participar en la reciente Multilaw Conference en Bucarest! 🇷🇴

Nuestros socios @Ignacio Guillén González y @Luis Giménez Godosar representaron a la firma y disfrutaron de un programa con sesiones que invitaban a la reflexión y una agenda social bien planificada.

Fue estupendo reencontrarse con viejos amigos y conocer a nuevos colegas de toda la red.

Muchas gracias y enhorabuena al bufete anfitrión @Țuca Zbârcea & Asociații y a @Multilaw Global Office por su impecable organización.

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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, ha emitido una resolución por la que falla que las indemnizaciones por despido improcedente en España no son disuasorias para los empresarios ni suficientemente restauradoras para los trabajadores.

El CEDS es el organismo encargado de monitorear el cumplimiento de la Carta Social Europea en los Estados miembros y proporciona un mecanismo de reclamaciones colectivas a los sindicatos y organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores, en caso de incumplimiento de los derechos establecidos en la Carta. Sin embargo, no es un órgano judicial y, por tanto, sus resoluciones no son vinculantes.

En el presente caso, el CEDS da respuesta a la reclamación presentada por el sindicato español UGT, quien falla que las indemnizaciones por despido improcedente en España no son lo suficientemente dignas y que España incumple la Carta Social Europea en materia de despido, en particular su artículo 24, al no garantizar una indemnización por despido improcedente que compense los daños producidos al trabajador e insuficiente a la hora de disuadir al empresario de recurrir al despido.

En este sentido, el Comité Europeo aboga por la introducción de un mayor margen de discrecionalidad para los jueces a la hora de determinar la cuantía de las indemnizaciones. De esta manera, los jueces podrían considerar factores como la gravedad de la conducta empresarial, la existencia de discriminación o la magnitud del daño moral y económico sufrido por el trabajador en base a sus circunstancias particulares.  Esta propuesta se basa en la idea de que cada trabajador tiene una situación socioeconómica distinta y, por ende, el impacto de un despido improcedente puede variar significativamente. Siendo perfectamente plausible que dos personas con la misma antigüedad y condiciones reciban indemnizaciones diferentes.

En conclusión, el dictamen del CEDS pone en tela de juicio el sistema vigente en España de indemnizaciones por despido improcedente, hasta el punto de que, según declaraciones de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a ser objeto de estudio y revisión, tanto los actuales topes y número de días máximos de indemnización, como la posibilidad de recuperar los salarios tramitación, así como el establecimiento de indemnizaciones mínimas para los casos de trabajadores con antigüedad menores.

Todo ello, nos lleva a la necesidad de estar muy atentos a los próximos cambios legislativos e interpretaciones jurisprudenciales que se puedan llevar a cabo por parte de nuestros tribunales a la vista de la citada resolución del CEDS.